La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el miércoles sobre una nueva regulación del uso de electricidad: exige que los data centers asuman el costo incremental de energía, apuntando a los gigantes tecnológicos que transfieren gastos de electricidad.

Según informó Zhitong Finance APP, se espera que la Cámara de Representantes de EE.UU. vote tan pronto como el miércoles, hora local, sobre una legislación bipartidista destinada a frenar el aumento en los precios de la electricidad relacionado con la expansión de los centros de datos que respaldan la inteligencia artificial. En el momento de la votación, funcionarios de gobierno de todo el país enfrentan una preocupación cada vez más urgente: cómo evitar que el costo de la creciente demanda eléctrica de los centros de datos sea trasladado a las familias comunes.

La legislación, denominada “Ley de Protección para los Usuarios de Energía” (Ratepayer Protection Act, H.R. 9340), fue presentada conjuntamente en junio de este año por la representante demócrata de Florida Kathy Castor y el representante republicano de Colorado Gabe Evans, y ya cuenta con la firma de 42 miembros de la Cámara (35 republicanos y 7 demócratas). La ley exige que los organismos estatales reguladores de servicios públicos consideren si los grandes consumidores de electricidad, incluidos los centros de datos, deben asumir el costo incremental de construir nueva infraestructura eléctrica para satisfacer su demanda. El 21 de julio, la ley fue aprobada por unanimidad (52 a 0) en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, y el 10 de septiembre pasó a la agenda de toda la Cámara.

Una ley federal que “exige a los estados considerar”

Según el texto, no se trata de una ley que fije directamente tarifas. Modifica la Ley de Políticas Regulatorias de Utilidades Públicas de 1978 (PURPA) para añadir un nuevo estándar al sistema tarifario federal: los usuarios no residenciales con demanda máxima de electricidad igual o superior a 100 megavatios en un solo sitio o recinto (principalmente los centros de datos), deben tener tarifas que cubran todos los costos incrementales de generación, transmisión y distribución asociados a los upgrades necesarios para brindarles servicio; además, se requiere que los grandes usuarios brinden garantía financiera antes de que la empresa de servicios públicos invierta en infraestructura, para evitar que si el proyecto se recorta o queda inconcluso, el costo recaiga sobre los clientes existentes.

Según los registros oficiales del Congreso y el análisis del medio sectorial Environment+Energy Leader, los organismos reguladores estatales deben iniciar la revisión en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la ley, y completarla en dos años; los estados que ya hayan adoptado o revisado de modo sustancial reglas similares de reparto de costos podrán ser eximidos. La votación se realizará bajo el procedimiento de “suspensión de reglas”, un canal rápido para leyes no controvertidas que requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación; el mercado y los asistentes del Congreso prevén en general que pasará sin problemas en la Cámara de Representantes.

El verdadero escollo es el Senado. El proyecto de ley complementario S.5028, presentado por el senador republicano de Ohio Jon Husted, no ha sido programado aún para ninguna audiencia en comité, y restan sólo unas tres semanas para el receso antes de las elecciones del 3 de noviembre en el Senado. En otras palabras, lo más probable es que esta ley entre en campaña “como una declaración de la Cámara” más que como ley efectiva.

Sin embargo, su valor simbólico ya es considerable: codifica parte del “Compromiso de Protección a Usuarios” (Ratepayer Protection Pledge) publicado por la Casa Blanca en marzo. Ese compromiso fue firmado inicialmente por Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI; según se informa, ya participan más de 200 instituciones, cubriendo el 80% del suministro eléctrico nacional y afectando a 263 millones de estadounidenses.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, respaldó la ley en una conferencia de prensa esta semana, llamándola “un paso apropiado hacia adelante”, aunque añadió que “claramente, queda mucho por hacer”. La excomisionada de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), Allison Clements, opinó en términos más moderados: “Esta ley de protección a los usuarios es en realidad un paso relativamente leve en la dirección correcta. Su valor radica en enviar una señal: si se aprueba de manera bipartidista, muestra que el Congreso sigue alineando sus prioridades con la protección de los clientes ante todas estas nuevas inversiones y aumentos de demanda.”

La organización ambientalista Food & Water Watch, que defiende una moratoria nacional a los nuevos centros de datos, criticó la ley por centrarse de manera restringida en el costo de la electricidad y no abordar preocupaciones más amplias sobre los centros de datos como el uso de recursos hídricos, la contaminación y el impacto comunitario.

Más allá de la legislación: donde realmente se fijan precios es en los comités estatales

Cabe señalar que incluso si se aprueba esta ley, su poder de imposición es limitado: solamente exige a los estados “considerar” este estándar, pero no obliga a adoptarlo. Sara Chieffo, vicepresidenta sénior de asuntos gubernamentales de la Liga de Votantes por la Conservación (League of Conservation Voters), comentó antes de la votación que “una mera instrucción débil que invita a los estados a considerar voluntariamente estándares de protección de costos deja a los organismos estatales libres de ignorar la ley”.

La industria, por su parte, rebate la narrativa del “traslado de costos” en sí misma. La Data Center Coalition, que representa a los operadores de centros de datos, publicó estudios que no encuentran evidencia de que los centros de datos, bajo la estructura tarifaria vigente, hayan incrementado los recibos de los residentes; investigaciones de EPRI incluso hallaron que la demanda adicional y duradera ayuda a repartir los costos fijos de la red entre más ventas de energía, lo que podría reducir las tarifas residenciales. En julio, la CEO de Pacific Gas & Electric (PG&E), Patti Poppe, comentó a los inversionistas: “Cada gigavatio de nueva demanda, si está correctamente tarifado, puede generar una disminución del 1% en las tarifas para todos los clientes.” Luego de la entrada en vigor en junio de la tarifa Schedule 96 para grandes consumidores en Portland General Electric, Oregón, las tarifas para centros de datos aumentaron un 29% en ese trimestre, mientras que las tarifas residenciales bajaron un 1,3%.

En otras palabras, esta no es una ley que definirá el costo final de la electricidad para la IA. La “obligación de considerar” a nivel federal sólo establece una dirección, y la fijación de precios real ocurre en más de 23 estados que ya cuentan con tarifas para grandes consumidores, y en 104 esquemas tarifarios ya aprobados o propuestos, en audiencias que suceden en Virginia, Georgia y Ohio. Tal vez la frase de Clements, “relativamente moderado pero en la dirección correcta”, resume la lectura del mercado: la señal política bipartidista ya paga su precio, pero el reparto final de las cuentas de electricidad sigue dependiendo de las decisiones estatales, una por una.